El juego del ahorcado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha abogado hoy por “renunciar” a los servicios públicos que no son financiables, y ha asegurado que en este sector “de lo que podamos prescindir hay que hacerlo, y no al revés”.

Aún no he conseguido saber si nuestros políticos son totalmente desconocedores de las teorías económicas o si simplemente las sacrifican en nombre de la ideología neoliberal, o de un interés sumamente personal.

En todo caso, el ministro Montero me proporciona la oportunidad de rectificar una confusión  frecuente, que consiste en imaginar que la macroeconomía funciona como la micro, en otros términos, que la economía familiar y la estatal responden a los mismos criterios.

Las cuentas de una familia son llanas: no se puede gastar más que se ingresa sin empobrecerse. Cuando los ingresos escasean, hay que reducir los gastos.

Pero no es así en la economía de un estado. Ya lo había descubierto el ministro Colbert, provocando la sorpresa de Louis XIV que comentaba que no entendía como uno podía hacerse más rico gastando más. Y sin embargo, así fue y así es.

La riqueza de un estado se origina en los intercambios comerciales que operan en el país y sobre los que recauda impuestos, directos e indirectos. Cuanto más intercambios comerciales, más riqueza se genera y más dinero puede ingresar el estado a través de los diferentes impuestos.

Pero lo más importante consiste en comprender que los gastos estatales provocan el desarrollo comercial interior, y que su supresión perjudica a la creación de riquezas y empobrece el país y el propio estado.

Tampoco hacer deudas empobrece necesariamente el estado. La clave radica en la diferencia entre la tasa de interés de la deuda y el índice de crecimiento interior. Si el interés es superior al crecimiento, el estado se empobrece, si la tasa de crecimiento económico es superior al interés de la deuda, se enriquece.

Resulta que el crecimiento de la economía depende en buena parte de los gastos públicos. Lo cual no significa que todo gasto es provechoso, obviamente. Pero los gastos de educación, salud, investigación e infraestructuras son esenciales para el crecimiento. Su reducción lo paraliza.

Por tanto, toda reducción del gasto público en estas partidas provoca que el crecimiento se detenga  y, por tanto, la deuda se hace aún más pesada, y no pudiendo ser financiada por la economía, tiene que serlo con más créditos o con la venta del patrimonio. A medio y largo plazo, es una verdadera condena a muerte o a la esclavitud.

Bien lo saben aquellos que, fuera de España, prestan dinero a intereses desvergonzados empujando el estado hacia la venta futura a precios de saldo de su patrimonio industrial. Como dice el viejo refrán policial, busquemos a quién aprovecha el crimen.

Ninguna economía nacional puede recuperarse reduciendo sus gastos de inversión (aunque sí los gastos opulentos y aquellos que no sirven para ser reinvertidos en la economía). La situación de España no se debe a un exceso de gastos (que se mantienen más o menos estables desde los 90) sino de una renuncia a sus ingresos, a favor de las grandes fortunas que han conseguido que bajen sus cuotas impositivos y aumente su defraudación a través de paraísos fiscales. En Francia, François Hollande está anulando todos los regalos fiscales que el gobierno Sarkozy había otorgado a las grandes fortunas. Paralelamente, aumenta los gastos sociales y educativos del estado.

Rescatando a los bancos privados con aval del estado aumenta copiosamente la deuda, aumenta el diferencial entre intereses pagados y crecimiento económico, y este dinero no va a ser aprovechado para mejorar la economía sino la fortuna de los banqueros.

Aunque parezca una paradoja : ¿no tenemos dinero para financiar los gastos sociales? ¡Entonces es urgente que empecemos a hacerlo!

Crédito foto: Santi Cabezas

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